Declaración de la sociedad civil sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (2021)
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Durante el último año, los aniversarios de los conflictos en Siria, Libia y Yemen, así como los nuevos brotes de violencia en otros lugares, han servido como sombríos recordatorios de la falta de avances significativos por parte de la comunidad internacional para cumplir con sus compromisos de proteger a la población civil en conflictos armados. La pandemia de COVID-19 ha interactuado con conflictos nuevos, en curso y prolongados, exacerbando las desigualdades y las preocupaciones de protección existentes, y contribuyendo a un aumento drástico de las necesidades humanitarias, incluyendo el desplazamiento, la hambruna, la inseguridad alimentaria y una grave escasez de atención médica. La población civil que vive en zonas de conflicto sigue sufriendo los devastadores impactos de los daños ambientales relacionados con el conflicto y una mayor vulnerabilidad a los riesgos climáticos y ambientales, con amplias repercusiones en la salud y el sufrimiento humano.
Mientras tanto, los Estados siguen utilizando la pandemia y otros pretextos para reducir el espacio cívico. El diálogo, esencial para el desarrollo de políticas, estrategias y planes de protección de la población civil, a menudo no logra ser suficientemente representativo ni inclusivo de la sociedad civil, a pesar de que sus voces son fundamentales. Esto es especialmente cierto para las comunidades vulnerables o marginadas y para los defensores de los derechos humanos. Las partes en conflicto siguen ignorando las vulnerabilidades de género, específicas por edad e interseccionales de la población civil. En particular, los conflictos siguen socavando los derechos de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las minorías, especialmente en lo que respecta a la participación en las decisiones que afectan sus vidas y comunidades. Los conflictos suelen conducir al uso generalizado de la violencia de género, lo que menoscaba la libertad de movimiento de las mujeres y su acceso a la educación, la salud y los medios de subsistencia. La focalización deliberada y el impacto colateral de los conflictos en las mujeres y las niñas siguen generando daños específicos de género que deben ser reparados, lo que exige que el sistema humanitario garantice la equidad de género en las estructuras de toma de decisiones en todos los niveles. Los ataques contra instituciones educativas y su uso militar provocan muertes, destrucción y pérdida de la educación, lo que genera consecuencias negativas a largo plazo para comunidades enteras.
Además, la ausencia de una voluntad política genuina para exigir responsabilidades por crímenes de guerra y otras violaciones graves ha profundizado una cultura de impunidad. Como resultado, las partes en conflicto siguen violando directamente el derecho internacional humanitario (DIH) o facilitando violaciones por parte de terceros, y no adoptan medidas prácticas significativas para minimizar y responder a los daños a la población civil en los conflictos. Las partes, incluidos algunos Estados que afirman apoyar la agenda de protección de civiles, también están alimentando crisis de protección en todo el mundo, incluso mediante el suministro de armas y otras formas de asistencia militar y de seguridad. En lugar de mejorar la protección de los civiles, millones se han visto obligados a huir de los bombardeos y los combates y a afrontar el hambre, la inanición y las enfermedades, ya que se les niega o se les impide el acceso a la asistencia humanitaria vital. Al mismo tiempo, la protección de los civiles se ha entendido con demasiada frecuencia a través del prisma del cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esta es una visión incompleta: el cumplimiento de la ley es lo mínimo, pero los patrones actuales de daños y los efectos a largo plazo de las hostilidades ponen de manifiesto la necesidad de políticas y prácticas que prevengan, minimicen y respondan eficazmente a los daños a la población civil. La protección integral de la población civil debe convertirse en un imperativo estratégico en todos los escenarios, desde la participación directa en hostilidades hasta el apoyo brindado a las partes en conflicto, y en todo el espectro de las operaciones de paz de la ONU y otras organizaciones internacionales y regionales. Esto implica priorizar la salud y el bienestar de las personas, apoyar las estructuras políticas y sociales que garanticen la justicia y la dignidad, y proteger el medio ambiente, y debe entenderse como un objetivo más amplio de la prevención y respuesta a los conflictos.
Se requieren con urgencia medidas ambiciosas para cambiar las mentalidades e invertir en políticas, estrategias y prácticas sólidas a fin de proteger adecuadamente a los civiles atrapados en conflictos armados:
- Los Estados Miembros, el Sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben reafirmar su compromiso con unas Naciones Unidas de "Nosotros los Pueblos" e involucrar a las comunidades afectadas por conflictos y a la sociedad civil local, nacional e internacional en un diálogo directo, sólido, inclusivo y sostenido sobre la protección de los civiles y las medidas para minimizar los daños a la población civil. La protección eficaz de la población civil solo puede concebirse e implementarse mediante un diálogo seguro e inclusivo con las comunidades afectadas por el conflicto y la sociedad civil en todos los niveles. Además, las Naciones Unidas, los Estados y otras partes interesadas deben apoyar, siempre que sea posible, mecanismos de protección no violentos y comunitarios, como la mediación política, las actividades de alerta temprana y respuesta precoz, y la protección de civiles desarmados.
- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y el Sistema de las Naciones Unidas deben cumplir su compromiso con la plena protección de los civiles, incluso mediante la promoción y la aplicación de los marcos jurídicos y políticos pertinentes y aplicables. Los Estados miembros deben colaborar con la sociedad civil para desarrollar marcos normativos nacionales que incluyan mecanismos para registrar sistemáticamente las bajas, realizar el seguimiento, analizar, prevenir, mitigar y responder a los daños causados a la población civil por sus propias acciones y las de sus socios en materia de seguridad, incluidos los efectos indirectos y colaterales de las hostilidades sobre bienes civiles críticos, infraestructuras esenciales y servicios básicos, como la salud y la educación, y que garanticen un diálogo basado en principios y sostenido con las organizaciones humanitarias en contextos de conflicto.
- El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y todas las partes en conflicto deben actuar de manera que se preserve y proteja el espacio para la acción humanitaria basada en principios, lo que incluye garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como aspecto fundamental para fortalecer la protección de los civiles. Dado que los conflictos se definen cada vez más como crisis de protección, que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y niños, y se ven agravados por los impactos de la COVID-19, diferenciados por género y edad, los Estados deben adoptar medidas para reforzar los derechos de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y otros grupos marginados, así como la localización de una respuesta humanitaria basada en principios. Los Estados y todas las demás partes en conflicto deben facilitar el acceso sin trabas a las poblaciones afectadas, respetando los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Las sanciones y las medidas antiterroristas deben incluir excepciones humanitarias efectivas y no limitar la acción humanitaria basada en principios. Todos los actores deben redoblar sus esfuerzos para proteger al personal humanitario, educativo y sanitario, y cesar los ataques contra ellos, especialmente a la luz de los efectos de la COVID-19 y la distribución de las vacunas.
- El Secretario General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y los Estados Miembros deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones, incluso condenando públicamente a los actores que violan el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y otros marcos jurídicos aplicables. El Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados Miembros deben fortalecer la aplicación de los mecanismos de rendición de cuentas. El Secretario General debe reforzar los mecanismos transparentes, incluso sobre el terreno, para dar seguimiento, analizar e informar públicamente sobre las violaciones cometidas por las partes en conflictos armados, y formular recomendaciones prácticas para mejorar la protección de la población civil y prevenir nuevas violaciones. Los mecanismos fundamentales establecidos para contribuir a fortalecer la rendición de cuentas, como la lista de perpetradores de violaciones graves de los derechos del niño incluida en el Informe Anual del Secretario General sobre los Niños y los Conflictos Armados, deben ser creíbles y precisos, y estar libres de politización.
- Los Estados miembros deberían participar de forma constructiva en el proceso de elaboración de una declaración política que refuerce la protección de la población civil frente al uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance. Dicha declaración debería comprometer a los Estados a evitar el uso de armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas. Debería incluir disposiciones humanitarias integrales para ayudar a las víctimas y a las comunidades afectadas, incluyendo la compensación por los daños y la destrucción de infraestructuras —como escuelas y hospitales— y sus consiguientes efectos en cadena. Asimismo, debería reconocer la particular vulnerabilidad y los impactos específicos de las armas explosivas en los niños, las repercusiones de género y los impactos particulares en las personas con discapacidad.
- El Secretario General de la ONU debe colaborar con el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar que la protección sea un elemento central de las operaciones de paz de la ONU. Las configuraciones y operaciones de las operaciones de paz de la ONU deben priorizar y basarse en el análisis de las amenazas contra la población civil, incluidas las amenazas de violencia sexual y de género y las amenazas de violaciones graves contra los niños. El Secretario General y los Estados Miembros deben garantizar un enfoque coherente y con recursos suficientes para la protección de la población civil, lo que incluye que se definan y proporcionen capacidades específicas para la protección, los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y la protección de la infancia en todo el espectro de las operaciones de paz y en los Equipos de las Naciones Unidas en los países, y que estas capacidades se mantengan durante las transiciones. Las operaciones de mantenimiento de la paz deben seguir reforzando la aplicación de la Política de Protección de la Población Civil del Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, mitigar los posibles daños derivados de su presencia u operaciones e incorporar las perspectivas locales en las estrategias de protección.
Como sociedad civil, creemos en la protección integral de los civiles: la protección de los civiles frente a los conflictos, la protección de los civiles durante los conflictos y la protección de los civiles en las devastadoras y a menudo prolongadas consecuencias de los conflictos. Durante el último año, la pandemia ha obligado aún más al mundo a afrontar
las implicaciones para la protección de una crisis sanitaria mundial. Especialmente en el contexto de un conflicto, los Estados y la
La comunidad internacional debe avanzar de manera significativa en la protección de los civiles, comenzando por una
reafirmar el compromiso con el principio fundamental de “no hacer daño”.
*Véase también: Declaración conjunta: Las ONG piden medidas para reforzar la protección de los civiles en los conflictos armados (mayo de 2020): http://bit.ly/NGO-PoCstatement-2020
Organizaciones que lo respaldan:
1. Acción contra el hambre
2. Guerras aéreas
3. Artículo 36
4. CUIDADO
5. Centro para Civiles en Conflicto
6. Alianza Childfund
7. Brazos de control
8. Cada baja cuenta.
9. Centro Global para la Responsabilidad de Proteger
10. Coalición mundial para proteger la educación de los ataques.
11. Humanidad e Inclusión – Handicap International
12. Observatorio de Derechos Humanos
13. Interacción
14. La Red Internacional sobre Armas Explosivas
15. Comité Internacional de Rescate
16. Fuerza de Paz No Violenta
17. Consejo Noruego para los Refugiados
18. Oxfam
19. PAX
20. Plan Internacional
21. Refugiados Internacionales
22. Salvar a los niños
23. Niño de guerra
24. Lista de vigilancia sobre niños y conflictos armados
25. Comisión de Mujeres Refugiadas
26. Visión Mundial Internacional
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