Llamado a la acción para la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su 80º período de sesiones de la Coalición Internacional sobre la Responsabilidad de Proteger

Fuente: Coalición Internacional por la Responsabilidad de Proteger

La ONU se creó para defender la paz y la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos y promover la cooperación internacional frente a las crisis. Al reunirse los Estados miembros de la ONU durante el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General, lo hacen en un mundo nuevamente sacudido por las crisis y la reflexión moral.

Este año también se conmemora el 20.º aniversario de la adopción de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Impulsados por el compromiso global de "nunca más" dejar de detener las atrocidades masivas tras los estremecedores genocidios de Ruanda y Srebrenica, en la Cumbre Mundial de 2005, los Estados miembros se comprometieron a una Responsabilidad de Proteger colectiva, afirmando su obligación de salvaguardar a las poblaciones de crímenes atroces, a saber, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica. El Documento Final de la Cumbre Mundial no solo estableció el principio de la R2P, sino que también estableció una hoja de ruta transformadora para la gobernanza internacional de los derechos humanos, que incluyó la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) y el Examen Periódico Universal. Este fue un momento histórico en el fortalecimiento de la arquitectura global para prevenir atrocidades masivas, reforzando iniciativas anteriores como el mandato de Protección de Civiles (PoC) de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz, autorizado por primera vez por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) en 1999 y expandiéndose gradualmente hasta convertirse en un componente central de algunas de las misiones de mantenimiento de la paz más sólidas de las Naciones Unidas hasta la fecha.

Sin embargo, veinte años después, el contexto multilateral en el que se introdujeron estas normas y disposiciones ha cambiado significativamente. El panorama internacional actual se caracteriza por una creciente polarización, nacionalismo revanchista, xenofobia extrema, una crisis de confianza cada vez más profunda —tanto entre los Estados miembros como entre los gobiernos y sus representados— y la erosión del sistema jurídico internacional. Una vez más, presenciamos crisis prolongadas de atrocidades que devastan poblaciones en Gaza, Sudán, Myanmar, Ucrania, la República Democrática del Congo y otros lugares. Por lo tanto, al reflexionar sobre dos décadas de responsabilidad de proteger, es fundamental preguntarnos: ¿dónde nos encontramos hoy en el cumplimiento de la promesa de la ONU de protección y prevención?

El 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrece una oportunidad crucial para renovar y profundizar los compromisos colectivos fundacionales de la ONU con los derechos humanos, la paz y la seguridad, el estado de derecho y el desarrollo sostenible. En medio de los actuales procesos de introspección y reforma, incluida la Iniciativa ONU80, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada. Este es el momento para transformar la gobernanza global y revitalizar un multilateralismo eficaz para abordar mejor los desafíos actuales, desde los conflictos y el cambio climático hasta la rápida expansión de las tecnologías digitales que plantean nuevos riesgos para la protección de los civiles. Defender la protección debe seguir siendo un factor clave para la legitimidad de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Coalición Internacional sobre la Responsabilidad de Proteger (ICR2P) llama a todos los Estados miembros de la ONU a cumplir los siguientes compromisos durante el 80º período de sesiones.

1. Reafirmar la protección como propósito fundamental de las Naciones Unidas

La credibilidad y legitimidad de la ONU dependen de su capacidad para proteger a los civiles. Pocos fracasos han socavado más profundamente la confianza en la ONU que su incapacidad para prevenir o responder al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la limpieza étnica. La ICR2P insta a los Estados miembros de la ONU a garantizar que la protección de los civiles y la responsabilidad de proteger sigan siendo prioridades centrales en todo el sistema en los esfuerzos por reformar el marco de protección de la ONU. Estos principios no son aspiraciones retóricas, sino rasgos que definen la identidad y el propósito de la ONU. Defender la protección es una obligación moral y jurídica, y la prueba definitiva de la relevancia de la organización en el mundo actual.

Los procesos de reforma actuales, como la Iniciativa ONU80, la Revisión de la Arquitectura de Consolidación de la Paz, el Reinicio Humanitario y la revisión del futuro de todas las operaciones de paz de la ONU, reflejan un creciente reconocimiento de las deficiencias del sistema y la urgente necesidad de cambio. Sin embargo, estos procesos serán insuficientes si priorizan la eficiencia sobre la finalidad o se basan en un lenguaje superficial diseñado para evitar la controversia. La reforma debe ser sustancial, sincera y ambiciosa. La ICR2P insta a los Estados miembros de la ONU a definir parámetros claros para la reforma que aborden las deficiencias en la rendición de cuentas, la coordinación y la voluntad política, y a garantizar que la protección de las poblaciones vulnerables prevalezca sobre la autopreservación institucional.

La ICR2P insta además a los Estados miembros a ampliar su enfoque de reforma más allá de los marcos y evaluaciones convencionales de prevención de conflictos, ya que estos a menudo pasan por alto los riesgos específicos y las señales de alerta temprana de crímenes atroces. Esto requiere una inversión continua en el fortalecimiento de las funciones y mandatos dedicados a la protección, incluyendo los Asesores Especiales sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger. Estos expertos aportan una visión de futuro crucial y orientación estratégica, contribuyendo a fomentar una comprensión integral de la protección en todos los pilares de la labor de la ONU. Diluir o marginar estas funciones en nombre de la racionalización administrativa solo debilitaría la capacidad de la ONU para anticipar los riesgos para la seguridad civil y responder con decisión.

Reafirmar la protección como el propósito central de la ONU requiere compromisos concretos de los Estados miembros. Esto incluye financiación adecuada y previsible, capacidades institucionales fortalecidas y mandatos sólidos que prioricen explícitamente todo el espectro de la protección de los civiles. Estas acciones son esenciales para llevar los principios a la práctica. Abordar estos desafíos exige no solo recursos sostenidos, sino también mayor apoyo político para garantizar que estos mandatos se cumplan de forma plena y eficaz.

2. Fortalecimiento del liderazgo basado en principios en materia de protección

Fortalecer el liderazgo, tanto entre los Estados miembros de la ONU como en la Secretaría de la ONU, es esencial para la implementación eficaz de los mandatos de protección. El liderazgo dentro del sistema de la ONU nunca debe ser un ejercicio de estatus o diplomacia por sí mismo. La autoridad y los buenos oficios conferidos por los altos cargos deben utilizarse, ante todo, al servicio de las personas que la Carta de la ONU se creó para proteger. Esto requiere que las voces y los testimonios de las comunidades afectadas sean el eje central de todas las respuestas de protección.

La deficiente aplicación del derecho internacional, la rendición de cuentas selectiva y los dobles raseros erosionan la confianza tanto en la ONU como en sus Estados miembros, socavando en última instancia la legitimidad de las iniciativas de protección. Restaurar dicha credibilidad exige estándares consistentes, una implementación imparcial de los mandatos y enfoques inclusivos que se adapten a las necesidades de las personas en mayor riesgo, desarrollados en consulta con ellas. Quienes ostentan el poder deben crear entornos donde las comunidades afectadas y los grupos marginados puedan ser escuchados, amplificando sus voces y entablando un diálogo genuino sobre las estrategias y los programas de protección, especialmente en momentos en que los costos políticos son elevados y el silencio es más fácil. Una reforma significativa debe afrontar la arraigada cultura de aversión al riesgo que, con demasiada frecuencia, prioriza la preservación institucional sobre la protección de la población civil. El ICR2P insta al liderazgo mundial a priorizar la humildad, la autoridad moral y la transparencia.

En la práctica, los Estados miembros de las Naciones Unidas pueden cumplir estos compromisos mediante:

3. Reforzar y esforzarse por lograr un sistema multilateral cohesionado y eficaz

Para que la ONU mantenga su credibilidad y eficacia, debe fortalecer su capacidad para prevenir el estallido y la escalada de hostilidades, garantizando al mismo tiempo que los enfoques de prevención, respuesta y resolución estén integrados y no aislados. Un sistema multilateral cohesionado debe priorizar la protección, integrando enfoques centrados en las personas en las operaciones humanitarias, de desarrollo y de paz.

El respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) es fundamental para este esfuerzo, al igual que la plena implementación de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Si bien el DIH proporciona un marco jurídico vinculante y la Responsabilidad de Proteger constituye un compromiso político, ambos comparten la protección de las personas como fundamento normativo. La R2P insta a los Estados miembros de la ONU a oponerse firmemente a la normalización del sufrimiento humano y a defender sistemáticamente el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, incluyendo la prohibición del desplazamiento forzado, los ataques indiscriminados y la obstrucción de la ayuda. Las violaciones graves del derecho internacional deben responder con rendición de cuentas y no con impunidad, reforzando la credibilidad de las instituciones multilaterales, previniendo su recurrencia y fomentando la confianza de las poblaciones afectadas.

El fortalecimiento del sistema multilateral también requiere una inversión seria y sostenida en prevención. Los Estados deben integrar la prevención de atrocidades en todos los aspectos de su labor en materia de paz, seguridad y derechos humanos, no como una función aislada, sino como una prioridad transversal. Esto también implica diseñar marcos de protección que reflejen la diversidad de las poblaciones y la naturaleza interseccional de los riesgos que enfrentan. Las experiencias vividas por las mujeres, las personas LGBTQIA+, las minorías étnicas y religiosas, los pueblos indígenas, los refugiados y las poblaciones desplazadas deben fundamentar tanto el análisis de riesgos como el diseño de estrategias receptivas e inclusivas en todo el sistema multilateral.

La ICR2P enfatiza que el desarrollo y la protección son pilares que se refuerzan mutuamente en un sistema multilateral cohesionado. Los déficits de desarrollo y la consiguiente fragilidad son factores de riesgo para la comisión de atrocidades masivas, mientras que las atrocidades, a su vez, devastan los avances en materia de desarrollo y profundizan la inestabilidad. Los ODS no pueden alcanzarse plenamente sin abordar estos riesgos interconectados. Por lo tanto, la ICR2P insta a los Estados a integrar la prevención de atrocidades en sus iniciativas de desarrollo, adoptando enfoques que involucren a todo el gobierno y garantizando que la asistencia para el desarrollo priorice reformas que reduzcan la vulnerabilidad a las atrocidades y fomenten sociedades resilientes e inclusivas.

4. Facilitar y garantizar la participación significativa de la sociedad civil y las poblaciones afectadas en los procesos de reforma en curso.

La prevención y la respuesta a los crímenes atroces no pueden tener éxito sin la participación significativa e inclusiva de la sociedad civil y las poblaciones afectadas, incluidas las comunidades de sobrevivientes. Estos actores aportan una experiencia y conocimientos insustituibles que deben priorizarse, y no relegarse, en todas las etapas de la prevención de atrocidades. Su conocimiento de las dinámicas locales, las estrategias de protección y las señales de alerta temprana a menudo marcan la diferencia entre una acción oportuna y un fracaso catastrófico. Sin embargo, su papel se ve cada vez más amenazado.

Los procesos de reforma en curso están configurando el futuro del sistema multilateral, a menudo sin una inclusión estructurada de la sociedad civil. Se toman decisiones clave que se espera que la sociedad civil implemente o adapte, pero esta permanece en gran medida excluida de estos procesos. Las restricciones de viaje y el acceso limitado a la sede de la ONU en Nueva York siguen obstaculizando la participación directa de la sociedad civil global. Mientras tanto, las propuestas del proceso ONU80 para reducir significativamente el personal nacional de la ONU corren el riesgo de romper uno de los vínculos más cruciales entre las instituciones de la ONU y las poblaciones afectadas sobre el terreno. Estas tendencias socavan la legitimidad, la credibilidad y la eficacia de la ONU, especialmente en la prevención de atrocidades, donde el conocimiento y la participación local son indispensables.

Los constructores de paz locales y los actores de la sociedad civil suelen ser los primeros en presenciar y documentar los riesgos de atrocidades, mediar en las tensiones a nivel comunitario e implementar estrategias de protección sin armas cuando la violencia se intensifica. Tras los crímenes atroces, los sobrevivientes y las comunidades lideran los esfuerzos por la justicia, la rendición de cuentas, la reparación, la reconciliación y la consolidación de la paz. Las devastadoras consecuencias sociales y económicas de las atrocidades recaen sobre ellos con mayor gravedad; por lo tanto, su perspectiva es esencial para diseñar estrategias de recuperación sostenible y prevención estructural.

En contextos donde las instituciones nacionales son capturadas, colapsadas o cómplices de crímenes atroces, recurrir al sistema internacional se convierte en el único canal viable para que las comunidades afectadas busquen justicia y protección. Garantizar una participación significativa requiere más que una consulta simbólica. Exige una sólida inclusión de diversas identidades y voces. Las poblaciones afectadas no son monolíticas, y la prevención de atrocidades fracasará si se excluye a las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTQIA+, las minorías étnicas y religiosas, las personas con discapacidad, las poblaciones desplazadas y otros grupos marginados. Si no se centran en estas perspectivas, la ONU corre el riesgo de reproducir desigualdades, pasar por alto factores de riesgo críticos e ignorar las señales de alerta específicas de estas comunidades.

Para lograrlo, los Estados miembros de la ONU deben:

• Integrar sistemáticamente la participación de la sociedad civil y de las sobrevivientes en los procesos de toma de decisiones sobre prevención, respuesta y recuperación. Esto incluye la planificación del desarrollo, las iniciativas de desarrollo de capacidades y la asistencia técnica.
• Salvaguardar el acceso de la sociedad civil a los espacios de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea General, eliminando obstáculos administrativos, apoyando a las organizaciones con recursos limitados y garantizando servicios de interpretación y traducción para superar las barreras lingüísticas.
• Comprometerse a realizar consultas periódicas y sustanciales con los constructores de paz locales, la sociedad civil y las poblaciones afectadas, garantizando que estos procesos eviten la tokenización o la re-traumatización y en cambio reflejen una asociación y un respeto genuinos.
• Institucionalizar la práctica de las sesiones informativas con la sociedad civil antes de las reuniones de la CPP, garantizando que sus perspectivas orienten directamente el asesoramiento de la CPP al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en los países. Esto debería convertirse en un elemento estandarizado de los métodos de trabajo de la CPP, con una representación equitativa de los actores locales de las regiones afectadas.
• Desarrollar capacidades y habilidades dentro de las Naciones Unidas para reconocer y abordar la discriminación estructural y las barreras sistémicas que aumentan la vulnerabilidad, a través de capacitación, notas de orientación y mecanismos de rendición de cuentas centrados en la inclusión, la equidad y la participación comunitaria.
• Fortalecer la inclusión en los marcos de protección, reconociendo explícitamente las necesidades de los grupos marginados, cuyos riesgos y vulnerabilidades suelen descuidarse. Esto puede materializarse en programas de prevención de la violencia de género en contextos de desplazamiento, canales seguros de denuncia para minorías perseguidas o apoyo psicosocial especializado para sobrevivientes de comunidades marginadas, entre otros.

Al institucionalizar una participación significativa, los Estados miembros pueden garantizar que las estrategias de prevención de atrocidades se basen en realidades vividas y soluciones impulsadas por la comunidad. Este enfoque no solo mejora la eficacia de la prevención, sino que también restaura la confianza, fortalece la legitimidad y afirma que las iniciativas de protección internacional están guiadas por las personas más directamente afectadas.

El ICR2P espera que este llamamiento se traduzca en esfuerzos concertados genuinos para proteger a las poblaciones de las atrocidades masivas, exigir responsabilidades a los perpetradores y prevenir la escalada de los riesgos de atrocidades. El ICR2P y sus organizaciones miembros están listos para ofrecer apoyo, alerta temprana y experiencia a los Estados miembros en el cumplimiento de esta responsabilidad.